Entrevista exclusiva
Rutherford defiende programa 287g
Jacksonville. El
Sheriff de Jacksonville, John Rutherford, reiteró y
aseguró que el programa 287g se aplicará solamente
para inmigrantes indocumentados arrestados por delitos graves
que terminen en la cárcel local. Rutherford dijo que no
procesará a personas detenidas por delitos menores, como
manejar sin licencia, y fue contundente: “si un oficial
incumple será despedido”.
Se refiere a los 12 oficiales asignados a la cárcel que fueron entrenados
por Inmigración por cuatro semanas para aplicar el programa en el penal
de Duval. El 287g permite que estos oficiales tengan acceso a la base de datos
del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés),
con lo que podrán identificar e iniciar el proceso de deportación
de presos indocumentados.
Rutherford dijo que Jacksonville será diferente de otras ciudades del
país donde también funciona el 287g y donde se deporta a todo preso
indocumentado sin importar el delito. En su cárcel las órdenes
son otras.
“Yo mismo voy a confirmar que ellos (los oficiales) estén haciendo
su trabajo, que sólo se procese a criminales. Vamos a tener un registro
de las personas procesadas y de los delitos que cometieron”, asegura.
Para proteger
a la comunidad
Rutherford, en entrevista exclusiva con Hola Noticias, aseguró que
la decisión de implementar el 287g no obedece a razones
económicas o políticas. Su objetivo, dice, es tener
calles más seguras.
“Yo no creo que Jacksonville tenga una población alta de criminales
que estén ilegales, pero creo que cuando un criminal ilegal es arrestado
debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para sacarlo de las
calles”.
El oficial dice también que los hispanos deben ver al 287g
como un programa que los va a proteger.
“Desafortunadamente algunas personas que han sido arrestados por un crimen
violento pueden pagar una fianza y vuelven a las calles donde tienen la oportunidad
de continuar delinquiendo, incluyen-do contra las personas de sus mismas comunidades.
Con este programa esos delincuentes serán expulsados”, asegura.
No deben temer
a la Policía
El Sheriff aseguró que ningún oficial de la Policía de
Jacksonville que patrulla las calles está autorizado para llevar a cabo
funciones de inmigración y que la población indocumentada que
cumple con las leyes, no debe temer.
“Sólo quienes cometen delitos graves deben temerle a este programa”,
dijo Rutherford quien reiteró su compromiso de continuar mejorando las
relaciones con la comunidad a través de la Unidad Internacional.
“Hemos trabajado muy duro para mantener nuestras relaciones con las comunidades
para que confíen en nuestra Policía. Vamos a proteger a las víctimas
de crímenes, que no estén en este país legalmente. No deben
temer a una deportación si denuncian sus casos”, aseguró.
El oficial pidió a los hispanos que son víctimas o testigos de
crímenes que no teman acercarse a la Policía y dio su palabra de
que a estas personas nunca se les preguntará por su estado migratorio.
Hay temores
La Unión Americana por las Li-bertades Civiles (ACLU, por sus siglas en
inglés) tiene otra visión sobre la implementación del programa
287g en Jacksonville.
“La Policía no debería te-ner funciones migratorias. El cumplimiento
de las leyes migratorias debe estar a cargo del gobierno federal únicamente”,
asegura Zeina Salam, abogada de la entidad en Jacksonville. “La confianza
de los inmigrantes en las autoridades locales se destruye cuando la Policía
actúa como agente de Inmigración. Muchos inmigrantes no denunciarán
información vital sobre crímenes a pesar de que se les asegure
que no van a ser objetivo de una investigación, detención o posible
deportación”.
Medidas como estas, dice Salam, afectan a toda la población de Jacksonville.
“En general la seguridad de todos incluyendo de los ciudadanos está en
peligro cuando los inmigrantes no se sienten seguros para denunciar o entregar
información crítica sobre crímenes cometidos contra ellos,
sus familias u otros ciudadanos. La Policía depende de la cooperación
y confianza de los inmigrantes, documentados o indocumentados, para garantizar
la seguridad pública”.
La aboga dice que también hay consecuencias económicas.
“Cuando una agencia policial implementa labores migratorias se están
desgastando sus ya reducidos recursos y requerirá de compromisos sustanciales
de tiempo, entrenamiento y costos administrativos que finalmente lastimarán
a los departamentos policiales que, de por si, no cuentan con suficiente personal.
Esta es la razón por la que muchos departamentos locales de Policía
se oponen a implantar estas iniciativas”, indica la vocera.
Desde mediados
de octubre
No hay una fecha exacta, pero se espera que los 12 oficiales de la cárcel
que fueron entrenados empiecen la implementación del 287g a mediados de
octubre.
“Yo creo que este programa realmente nos va a ayudar a proteger a la comunidad
inmigrante. No estamos tratando de acecharlos, de perseguirlos, al contrario
queremos protegerlos de otros que los pueden vícti-mizar. Si salvamos
una sola vida con el 287g, para mí eso es suficientemente valioso”,
fina-lizó el Sheriff Rutherford.
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