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Entrevista exclusiva

Rutherford defiende programa 287g



Jacksonville. El Sheriff de Jacksonville, John Rutherford, reiteró y aseguró que el programa 287g se aplicará solamente para inmigrantes indocumentados arrestados por delitos graves que terminen en la cárcel local. Rutherford dijo que no procesará a personas detenidas por delitos menores, como manejar sin licencia, y fue contundente: “si un oficial incumple será despedido”.

Se refiere a los 12 oficiales asignados a la cárcel que fueron entrenados por Inmigración por cuatro semanas para aplicar el programa en el penal de Duval. El 287g permite que estos oficiales tengan acceso a la base de datos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con lo que podrán identificar e iniciar el proceso de deportación de presos indocumentados.

Rutherford dijo que Jacksonville será diferente de otras ciudades del país donde también funciona el 287g y donde se deporta a todo preso indocumentado sin importar el delito. En su cárcel las órdenes son otras.

“Yo mismo voy a confirmar que ellos (los oficiales) estén haciendo su trabajo, que sólo se procese a criminales. Vamos a tener un registro de las personas procesadas y de los delitos que cometieron”, asegura.

Para proteger a la comunidad

Rutherford, en entrevista exclusiva con Hola Noticias, aseguró que la decisión de implementar el 287g no obedece a razones económicas o políticas. Su objetivo, dice, es tener calles más seguras.

“Yo no creo que Jacksonville tenga una población alta de criminales que estén ilegales, pero creo que cuando un criminal ilegal es arrestado debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para sacarlo de las calles”.
El oficial dice también que los hispanos deben ver al 287g como un programa que los va a proteger.

“Desafortunadamente algunas personas que han sido arrestados por un crimen violento pueden pagar una fianza y vuelven a las calles donde tienen la oportunidad de continuar delinquiendo, incluyen-do contra las personas de sus mismas comunidades. Con este programa esos delincuentes serán expulsados”, asegura.

No deben temer a la Policía


El Sheriff aseguró que ningún oficial de la Policía de Jacksonville que patrulla las calles está autorizado para llevar a cabo funciones de inmigración y que la población indocumentada que cumple con las leyes, no debe temer.
“Sólo quienes cometen delitos graves deben temerle a este programa”, dijo Rutherford quien reiteró su compromiso de continuar mejorando las relaciones con la comunidad a través de la Unidad Internacional.

“Hemos trabajado muy duro para mantener nuestras relaciones con las comunidades para que confíen en nuestra Policía. Vamos a proteger a las víctimas de crímenes, que no estén en este país legalmente. No deben temer a una deportación si denuncian sus casos”, aseguró.
El oficial pidió a los hispanos que son víctimas o testigos de crímenes que no teman acercarse a la Policía y dio su palabra de que a estas personas nunca se les preguntará por su estado migratorio.

Hay temores


La Unión Americana por las Li-bertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) tiene otra visión sobre la implementación del programa 287g en Jacksonville.
“La Policía no debería te-ner funciones migratorias. El cumplimiento de las leyes migratorias debe estar a cargo del gobierno federal únicamente”, asegura Zeina Salam, abogada de la entidad en Jacksonville. “La confianza de los inmigrantes en las autoridades locales se destruye cuando la Policía actúa como agente de Inmigración. Muchos inmigrantes no denunciarán información vital sobre crímenes a pesar de que se les asegure que no van a ser objetivo de una investigación, detención o posible deportación”.

Medidas como estas, dice Salam, afectan a toda la población de Jacksonville.
“En general la seguridad de todos incluyendo de los ciudadanos está en peligro cuando los inmigrantes no se sienten seguros para denunciar o entregar información crítica sobre crímenes cometidos contra ellos, sus familias u otros ciudadanos. La Policía depende de la cooperación y confianza de los inmigrantes, documentados o indocumentados, para garantizar la seguridad pública”.

La aboga dice que también hay consecuencias económicas.
“Cuando una agencia policial implementa labores migratorias se están desgastando sus ya reducidos recursos y requerirá de compromisos sustanciales de tiempo, entrenamiento y costos administrativos que finalmente lastimarán a los departamentos policiales que, de por si, no cuentan con suficiente personal. Esta es la razón por la que muchos departamentos locales de Policía se oponen a implantar estas iniciativas”, indica la vocera.

Desde mediados de octubre

No hay una fecha exacta, pero se espera que los 12 oficiales de la cárcel que fueron entrenados empiecen la implementación del 287g a mediados de octubre.
“Yo creo que este programa realmente nos va a ayudar a proteger a la comunidad inmigrante. No estamos tratando de acecharlos, de perseguirlos, al contrario queremos protegerlos de otros que los pueden vícti-mizar. Si salvamos una sola vida con el 287g, para mí eso es suficientemente valioso”, fina-lizó el Sheriff Rutherford.

 

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